domingo, 25 de noviembre de 2007

INTERVENCION DEL SENADOR GIUSTINIANI EN EL TRATAMIENTO DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA LOS BOSQUES NATIVOS

Señora presidenta: estamos discutiendo el proyecto de presupuestos mínimos de protección ambiental para los bosques nativos sancionado por la Cámara de Diputados, el cual considero altamente positivo. Y es muy importante precisar qué es lo que se propone y establecer conceptualmente qué determina dicha ley.

En primer lugar, quiero manifestar mi profunda satisfacción de que se trate una ley con una amplia participación ciudadana. Es una de esas iniciativas que llegan al Congreso de la Nación con una fuerte presión social, no desde la ciudad de Buenos Aires solamente, sino de todo el país.

He recibido con una gran alegría a escolares de todas las provincias y de mi provincia en particular, de mi ciudad de Rosario y de muchas ciudades del interior de Santa Fe, que están muy interesadas en que esta norma sea aprobada. Con gran satisfacción, participo en el tratamiento de una iniciativa que en la que se han involucrado organizaciones no gubernamentales. Con gran satisfacción participo entonces en el debate de esta norma cuando se habla tanto de la indiferencia de la sociedad hacia el Parlamento nacional y, sin embargo, vemos que en iniciativas tan relevantes como la presente, no hay indiferencia alguna.

De allí que hoy se trate esta norma. Por esa razón, hubo un compromiso en la campaña electoral respecto de tratar el proyecto. Es evidente entonces que se trata de un tema que interesa mucho a la sociedad y, por ello, hubo un compromiso del bloque de la mayoría en que el debate fuera dado esta noche.

Creo que estamos en un momento muy importante. Ya en 2004, presenté un proyecto de ley de emergencia forestal. Todos estamos convencidos de que hay una deforestación creciente en la República Argentina. A tal punto que, desde 2004 a la fecha, un millón de hectáreas se han deforestado en el país. Evidentemente, el gran tema que aborda este proyecto es el de parar una situación que demuestra lo alarmante del desmonte de nuestros bosques nativos.

Vamos a los datos. Según el Instituto Forestal Nacional, los bosques nativos ocupaban el 39 por ciento de la superficie del territorio nacional en 1914. En 1987, esa cobertura era de solamente el 14 por ciento.

En 1914, Alfredo Palacios, decía: “Hay que conservar los bosques existentes. Y por eso sería peligroso autorizar a un organismo que no es técnico en la materia a destruir árboles entregando la tierra a la colonización. Lo que corresponde es dictar la ley del bosque [noten que era 1914]. La leña de nuestros bosques ha sido dilapidada. Se ha talado sin método y sin control, olvidando que es un deber de los gobiernos mantener los bosques en beneficio del país y, cuando se han sabido mantener, repoblarlos”. Esto es lo que decía Palacios al discutirse en el Congreso de la Nación la facultad del Consejo Agrario Nacional de concertar con empresas o compañías la explotación temporal de los bosques.

En el quinquenio 2002-2006, el desmonte de bosques creció un 42 por ciento respecto del quinquenio 1998-2002. Conforme a datos brindados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, sin incluir Misiones y los bosques de caldenes de La Pampa, este desmonte creció el 42 por ciento. Si medimos la tasa de deforestación de la Argentina, que es la que mide el porcentual de pérdida anual respecto de la superficie remanente, estamos seis veces más alto que el promedio mundial. Este es el diagnóstico de la situación.

La garantía de la moratoria es el primer elemento fundamental de la ley. Estos datos revelan, además, lo que nosotros ya constatamos en nuestras provincias. Basta ir al norte o al noroeste de la provincia de Santa Fe —por ejemplo, al Departamento 9 de Julio, a localidades como El Nochero, en el límite con Santiago de Estero— para ver que se han barrido campos enteros.

Este debate es importante porque es jurídico, ambiental y económico, dado que estamos hablando de desarrollo sostenible.

Soy un profundo defensor del federalismo que hoy se pisotea cuando no hay una ley de coparticipación, que se sigue pateando para adelante y no se les da a las provincias los recursos que les pertenecen. Pero que los recursos naturales, de acuerdo con la Constitución, pertenezcan a las provincias no quiere decir que las provincias pueden hacer cualquier cosa con ellos. Como se dijo recién: no sólo con los bosques. Claro que hay que controlar la explotación petrolera, porque se están contaminando las aguas con las explotaciones secundarias en las provincias del sur del país. Se contaminan las napas subterráneas con la explotación secundaria porque no quieren abrir nuevos pozos. Claro que tenemos que discutir las explotaciones mineras en la República Argentina, que siguen contaminando el medio ambiente. Ha habido plebiscitos en los que la sociedad les ha dicho “no”. Por supuesto que tenemos que discutir estos temas.

Hay un tema que es fundamental en este debate. Se habla mucho del neoliberalismo y contra el neoliberalismo, pero, en la práctica, se vuelve siempre al neoliberalismo: esto es, que el mercado actúa de manera indiscriminada. El derecho de propiedad no sólo lo debemos discutir conceptualmente sino, además, en la manifestación concreta. ¿Saben cuánto pagaron por esos campos del norte de mi provincia donde hoy se siembra soja, con una gran rentabilidad por el valor dólar de la soja? ¡Monedas! ¿Quién se apropia de esa renta? Discutamos estas cuestiones trascendentes del país y no el discurso de estar en contra del neoliberalismo, mientras los grandes grupos económicos concentrados se siguen quedando con la mayor tajada de la torta en la República Argentina. Estos son los asuntos trascendentes que debemos discutir.

Estamos ante una ley que regula. Y esta regulación es correcta, porque el mercado indiscriminado, sin regulación, nos ha demostrado que ha llevado a catástrofes económicas, sociales y ambientales.

La materia de la catástrofe ambiental está a la vista porque las Naciones Unidas y los más grandes y prestigiosos organismos científicos de todo el país han planteado el tema y éste ha sido asumido como política de Estado. No se trata de los planteos utópicos, soñadores y positivos de los ambientalistas de la década del 60, que echaron a andar el reclamo por un mundo “vivible”. Hoy, ya estamos ante el peligro concreto de contaminar la aldea global; estamos poniendo en peligro la vida de las futuras generaciones. Cuando hablamos de derecho ambiental, estamos hablando de cosas muy serias. Por eso, es fundamental la regulación, para que cada uno no pueda hacer cualquier cosa con el lugar donde habita.

Quiero volver al derecho de propiedad, porque la regulación no es ningún invento que se está discutiendo acá, en una ley ambiental. Si una persona tiene un terreno en una ciudad, no puede hacer un edificio de 40 pisos sólo porque quiera. Y si quiere hacerlo y el municipio no lo deja, no le puede pedir al municipio que le dé el dinero que podría haber ganado por haber construido ese edificio. No lo puede hacer en cualquier lado. Esto es fundamental. Usted no puede poner la fábrica en cualquier lado. Entonces estamos en un debate muy profundo, donde tenemos una contradicción, un conflicto entre inversiones, desarrollo y medio ambiente.

Por ello, el conflicto no está planteado entre provincias ricas y provincias pobres como aquí algunos pretendieron plantear. El conflicto en serio es entre inversión, desarrollo y medio ambiente. Por eso se habla hoy de desarrollo sustentable y creemos que se está dando una respuesta positiva y razonable, a fin de avanzar en un tema fundamental para nuestro país.

Creo que todos sabemos que los sistemas naturales tardan siglos en desarrollarse, y es la mano del hombre la que la destruye en muy poco tiempo. La eliminación del bosque reduce en gran forma la retención de agua de lluvia y aumenta la evaporación y los procesos erosivos. Se acentúa en consecuencia la amplitud térmica del ambiente y se interrumpe el desarrollo de los suelos. Esto es palpable en cada una de nuestras provincias y lo vemos cuando hay inundaciones cada vez más difíciles de detener.

Entonces, la razón fundamental de la necesidad de aprobar un proyecto sobre la conservación de bosques, es que la explotación de dichos bosques se desarrolla de manera indiscriminada, sin observar los presupuestos de desarrollo sustentable, tal como lo establecen la Constitución Nacional, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, entre otros tratados internacionales.

Porque no se le puede dar una respuesta al problema del medio ambiente desde el lugar reducido de una ciudad o de una provincia, sino que tiene que dársele una respuesta regional, además de los esfuerzos en el plano nacional. Y el conflicto que tenemos de las pasteras determina también la necesidad de que estemos hablando de un Código Ambiental en el marco del Mercosur; es decir, que demos una respuesta regional a estos problemas.

Concluiré diciendo que la principal causa de pérdida de superficie de bosques nativos en nuestro país es el avance de la frontera agropecuaria, es decir, el desmonte para agricultura y, en menor medida, para ganadería. Cuando hablaba del conflicto entre inversión, desarrollo y medio ambiente, es verdad que el principal motor de la recuperación económica del país ha sido la producción de granos. Estamos en 68 millones de toneladas anuales de granos exportados; y es verdad que se habla de que se puede llegar a 120 millones. Por eso me parece fundamental que hoy estemos discutiendo esta ley. Yo vengo de una provincia justamente que produce una parte importante de esos cereales. Junto con Buenos Aires y Córdoba contribuimos a la mayor parte de exportaciones de granos del país, lo que significa un ingreso de divisas fundamental; pero somos todos conscientes de que hay que poner un punto de racionalidad, un debate de desarrollo sustentable para el país; que el país monoproductor de soja no es el modelo sustentable a mediano y largo plazo; que el país que avanza indiscriminadamente en la ampliación de la frontera agropecuaria en desmedro de nuestros bosques nativos nos lleva a una situación de caos ambiental. Por lo tanto, apoyo firmemente que esta iniciativa se apruebe con los conceptos fundamentales que vinieron con la sanción de Diputados, es decir: con la regulación que plantea, con la moratoria que plantea, con el impacto ambiental, con la audiencia pública y con la creación del fondo de conservación.

En este criterio, apoyo en términos generales la sanción de esta ley. Pero sí quiero marcar que tengamos cuidado con los tantos “peros” que se plantean. Estamos de acuerdo con la ley, pero esperamos que la materialización de los tantos “peros” en el tratamiento en particular no signifiquen una desvirtuación de los conceptos centrales que plantea la ley, y que son fundamentales para parar la tala indiscriminada de nuestros bosques nativos.

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